Por Robert Higgs
Virtualmente, cada acción del gobierno
altera la distribución del ingreso personal, pero algunos programas
gubernamentales, que otorgan dinero, bienes, o servicios a individuos
que no dan nada a cambio, representan la redistribución del ingreso en
su forma más cruda.
Hasta el siglo veinte, los gobiernos
estadounidenses evitaron claramente tales “pagos de transferencias”. El
gobierno nacional otorgaba pensiones y concesiones de tierra a los
veteranos, y los gobiernos locales proveían de alimento y refugio al
indigente. Pero las transferencias a los veteranos podían ser vistas
como pagos diferidos por la prestación de servicios militares, y la
ayuda local nunca ascendió a mucho.
Desde la creación del sistema de la
Seguridad Social en 1935, y especialmente durante los últimos 30 años,
la cuantía de ingreso abiertamente transferida por los gobiernos se ha
incrementado dramáticamente. En 1960 los pagos de transferencias
gubernamentales a individuos ascendían a 29 mil millones de dólares, o
al 7 por ciento de los ingresos personales. En 1993 el total llegó a 912
mil millones de dólares, o a casi el 17 por ciento del ingreso
personal.1 Es decir, un dólar de cada seis recibidos como ingresos
personales toman en la actualidad la forma de beneficios por vejez,
pensiones por supervivencia, discapacidad, y seguro médico ($438 mil
millones), beneficios del subsidio por desempleo ($34 mil millones),
beneficios de los veteranos ($20 mil millones), beneficios de retiro de
los empleados del gobierno ($115 mil millones), ayuda a las familias con
niños dependientes ($24 mil millones), y una miscelánea de otros pagos
de transferencias gubernamentales ($280 mil millones) tales como los
subsidios federales a los granjeros y la asistencia pública estadual y
municipal a las personas pobres.