miércoles, 11 de mayo de 2016

Thatcher demostró que no hay imponderables

José Carlos Rodríguez

Cuando Margaret Thatcher llegó al poder, el único consenso al que habían llegado los británicos era que así no se podía seguir. Hasta entonces, la política de Gran Bretaña había estado marcada por los consensos: la política de pleno empleo, de la mano de Keynes; la economía dirigida y gestionada por el Estado, herencia de dos guerras mundiales, y el Estado de Bienestar, por obra de los fabianos. Thatcher plantó cara a los tres.
El Banco de Inglaterra subió los tipos de interés para cortar de raíz la inflación. Como dijo años después el ministro de finanzas Nigel Lawson,
la conquista de la inflación debería ser el objetivo de la política macroeconómica. Y la creación de las condiciones que conducen al crecimiento y al empleo deberían ser el objetivo de una política microeconómica.


Keynes había dado paso a Milton Friedman y Friedrich Hayek. Para cuando Thatcher llegó al poder, el Institute of Economic Affairs llevaba 25 años madurando una política económica liberal. Los viejos consensos cayeron, y el nuevo, el de que un futuro tendría que ser muy distinto, se encontró con la líder con las ideas y los arrestos necesarios para conquistarlo.
La primera legislatura se centró en tomar las riendas de una crisis desbocada. Sir Geoffrey Howe no se arredró ante el paro al alza y aprobó unos presupuestos que sí le dan contenido a la palabraausteridad, con un recorte de 4.000 millones de libras esterlinas. La segunda legislatura, con la inflación controlada y una economía en crecimiento, se iba a centrar en los grandes intereses creados.
La industria minera se nacionalizó en 1946. Clement Attlee quería reducir la conflictividad de ese sector y mejorar la eficiencia por el método, obvio entonces, de quitarle la gestión a los inversores privados para entregársela a probos funcionarios británicos. Logró exactamente lo contrario. Las pérdidas de la minería británica se hacían cada vez más insoportables, y en 1984 el gobierno decidió cerrar las minas más ruinosas. El líder sindical Arthur Scargill condujo a la National Union of Mineworkers a una huelga cuya violencia tenemos en la retina, por las numerosas películas que la han retratado. Era una lucha a muerte, no sólo por la decena de cadáveres que dejó, sino por la muerte de la tiranía sindical en la política británica. En 1972 Scargill puso al gobierno de rodillas y le obligó a subir los sueldos de los mineros un 16 por ciento, el doble que la inflación. Ese poder era el que en ese momento estaba en juego.
La huelga duró un año. El gobierno, que había adquirido reservas del mineral, la aguantó sin graves pérdidas de suministro, mientras desmantelaba una industria deficitaria, no sin la ayuda de las salvajes huelgas de aquellos meses. En 1985 se hacía cada vez más claro que ni Thatcher iba a ceder ni los sindicatos, que se emplearon bien a fondo en sus tácticas violentas, iban a lograr nada. Los trabajadores que aún podían volvieron a las minas. El 5 de marzo los trabajadores votaron por aceptar una derrota sin condiciones. El NUM había perdido la mitad de sus afiliados. Se perdieron 30.000 empleos, y la economía se dejó miles de millones de libras en el enfrentamiento. "A pesar de una cruel intimidación", dijo entonces Margaret Thatcher, "los mineros han insistido en su derecho de seguir trabajando, y se han encontrado con que tienen un empleador y un gobierno dispuesto a respaldarles. Espero, y creo, que la lección servirá para otros".
Sirvió para que los sindicatos de los impresores, que tenían atenazada a la prensa británica, no quisieran para ellos la misma suerte. Estaban protegidos por lo que se llamaba "viejas costumbres españolas", que no sé lo que tendrían de españolas pero que eran un conjunto de privilegios que les aseguraban unas remuneraciones extraordinarias e insostenibles. El diario Today, creado por el empresario Eddy Shah, trajo trabajadores que no se sumaron a los viejos privilegios, españoles o no. Los sindicatos reaccionaron con violencia, e intentaron evitar que saliese. El gobierno les impuso una multa 525.000 libras, por su negativa a cumplir con las sentencias que les condenaban por sus actuaciones ilegales. El cambio tecnológico hizo el resto, y se ganó un sector más para el mercado.
Los sindicatos se habían convertido en grupos de interés que conspiraban contra el público recurriendo a la violencia amparados en una legitimidad que, por lo que se refiere a la violencia, nunca tuvieron. Estaban especialmente respaldados en las empresas públicas. Thatcher las privatizó. Se las robó a los sindicatos para entregárselas a los trabajadores, que adquirieron el 89 por ciento del capital de British Aerospace, el 90 por ciento de Ass. British Ports, el 96 por ciento de British Telecom y el 99 por ciento de Cable & Wireless y de Amersham. El capitalismo popular. Tan popular, que el thatcherismo ganó cuatro elecciones seguidas.
Si algo muestra la experiencia de gobierno de Margaret Thatcher es que no hay interés privado ni ideología pública que frenen a un gobierno que tenga la voluntad y las ideas adecuadas para reformar de verdad un país.