Aerolíneas, ferrocarriles, empresas de correos, compañías de energía... Hoy están en manos del Estado, pero van a pasar a manos privadas.
Las privatizaciones de activos controlados por el sector público vuelven a estar encima de la mesa en algunos de los principales países miembros de la Unión Europea. Alemania ha empezado a desinvertir las participaciones estatales adquiridas para el "rescate" de Commerzbank durante la Gran Recesión, Italia quiere generar hasta 20.000 millones con el traspaso al sector privado de distintos activos y Portugal prepara el camino para la venta de TAP a un nuevo socio empresarial.
Esta circunstancia contrasta con el escenario español, donde la polémica orden de entrada en Telefónica fue solamente la penúltima entrega de una saga de continuas operaciones orientadas a reforzar el peso del Estado sobre el ámbito empresarial. Así, a las participaciones en Indra, IAG, Caixabank, Aena, Enagas, Red Eléctrica o la propia Telefónica hay que sumarle asimismo una larga lista de suelo y activos inmobiliarios coronada por Sareb, entes como Correos o Paradores, conglomerados como Renfe o Adif, etc.
Alemania y Commerzbank
La entrada del gobierno alemán en Commerzbank se tradujo en la compra del 16,5% de su accionariado. A comienzos de la presente semana, las participaciones controladas por Berlín tenían una valoración de mercado de más de 2.500 millones de euros. Dichas acciones están en manos del vehículo empleado para los distintos "rescates" financieros acometidos durante la crisis financiera.
El canciller socialdemócrata, Olof Scholz, y el ministro liberal-demócrata encargado de la cartera de Economía, Christian Lindner, habían acordado la desinversión del Estado en Unicredit como parte del programa de gobierno derivado de su acuerdo de coalición. La presencia de Los Verdes en el Ejecutivo teutón complicaba esta y otras medidas tendentes a aumentar la libertad económica en Alemania, pero la devolución de Commerzbank a manos privadas ya se daba por descontada este verano y ha terminado completándose con un procedimiento negociado y de naturaleza express que ha dejado un 4,9% del paquete accionarial en manos de la entidad italiana Unicredit, que se ha hecho con otro 4,9% a través de compras en el mercado abierto. Próximamente se esperan operaciones similares que permitan dejar a cero una participación estatal que, después de la entrada de Unicredit, asciende al 11% del capital social de Commerzbank.
El ambicioso plan de Meloni
Más ambiciosa aún que Scholz es la primera ministra Giorgia Meloni, que ha puesto encima de la mesa un plan de privatizaciones valorado en 20.000 millones de euros. "Para mí, hablar de privatizaciones no consiste en hacerle regalos millonarios a un empresario amigo. Se trata, en cambio, de que el Estado retire su presencia de aquellos ámbitos donde no es necesario, para reforzar su papel allí donde sí hace falta", ha defendido la jefa del gobierno transalpino a la hora de justificar una desinversión estatal planteada para numerosos entes controlados por Roma.
En este sentido, Meloni ha puesto encima de la mesa un plan de privatizaciones que deberá concretarse en el bienio 2025-2026. El primer paso es la venta de la participación estatal en el banco Monte dei Paschi di Siena, a través de dos operaciones valoradas en 2.600 millones de euros que permitirían devolver la entidad por entero al sector privado.
Asimismo, se baraja la venta del 5% de la compañía energética ENI, una de las mayores firmas petroleras del mundo, así como del 30% de Poste Italiana, que se podría comparar con la española Correos. La primera operación generaría unos 2.000 millones y la segunda, cerca de 4.000 millones. Por otro lado, Italia también estaría en disposición de transferir al mercado parte del ente ENAV, que gestiona la gestión y el control del tráfico aéreo, así como un 49% de la compañía estatal encargada del sector ferroviario, Ferrovie del State Italiano. A través de estas y otras operaciones, Meloni quiere generar 20.000 millones de caja.
No es esta la única vez que se han planteado grandes operaciones de privatización orientadas a reducir el peso del Estado italiano. Para 2013-2014 se anunció un plan valorado en 12.000 millones, para 2014-2017 se habló de ventas por 44.000 millones, para 2017-2020 se plantearon operaciones por 22.000 millones y de cara a 2018-2020 se comunicaron privatizaciones por 15.000 millones. Sin embargo, todas estas iniciativas cayeron en saco roto, de modo que Meloni tendrá que romper con una larga lista de promesas incumplidas.
Portugal y la venta de TAP
El gobierno luso que dirige el conservador Luis Montenegro también quiere poner en marcha distintas medidas de privatización, entre las que destacan dos iniciativas: por un lado, la venta de la participación que ostenta el Estado portugués sobre el accionariado de la aerolínea TAP; por otro lado, la salida al mercado de edificios y suelos de dominio público que están infrautilizados o vacíos y pueden facilitar el desarrollo de vivienda por parte del sector empresarial.
El "rescate" de TAP se aprobó en 2021 bajo gobierno del socialista Antonio Costa y supuso un desembolso de 3.200 millones de euros a través de distintas ayudas públicas. La compañía saldrá al mercado próximamente y, de acuerdo con las informaciones publicadas en la prensa portuguesa, todo apunta a que será la alemana Lufthansa la que se haga con el 19,9% de la aerolínea lusa, a cambio de un pago cercano a los 200 millones.
La participación estatal ronda el 95% del accionariado de TAP, de modo que el gobierno se reservaría la posibilidad de sacar al mercado las demás acciones, hasta completar la venta del 75% restante. Con la valoración actual de la compañía, Lisboa haría caja por valor de unos 1.000 millones, recuperando así un tercio del coste original del "rescate", si bien es importante tener en cuenta que los dividendos generados por TAP pueden aminorar la factura final de la saga y dejar el saldo negativo en aproximadamente un tercio de la inversión original.
Las miradas, en cualquier caso, no se dirigen hacia Montenegro, que siempre ha defendido la privatización de TAP, sino que se centran en Costa y el anterior Ejecutivo socialista, cuyo mal manejo de la situación terminó motivando un desembolso tan abultado como polémico. De hecho, parte de las operaciones de compra de acciones por parte del Estado acabaron en los tribunales y están siendo investigadas por la justicia, lo que ha contribuido a desprestigiar más aún al Partido Socialista de nuestro país vecino. Con todo, el PS no se opondrá a la venta de la compañía, puesto que fue el propio Costa quien anunció en septiembre de 2023 que el sector público empezaría a retirarse del accionariado de TAP a partir del presente curso 2024.
Además de esta operación, Montenegro ha pedido a su gobierno que acometa una evaluación del patrimonio inmobiliario del Estado, con ánimo de proceder a la venta de edificios y suelo que, o bien estén vacíos, o bien estén infrautilizados. La meta de estas actuaciones es facilitar el desarrollo de vivienda por parte del sector privado.
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