El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha declarado este jueves la constitucionalidad del decreto de estado de excepción que emitió el Gobierno de Nicolás Maduro, alineándose claramente con el régimen chavista, y que rechazó el pasado martes el Parlamento venezolano.
En un comunicado se indica que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha determinado por unanimidad la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, que declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica. La nota recuerda que la norma está vigente desde que Maduro la dictó el pasado viernes: “Su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume”, dice el comunicado.


El Supremo directamente se revela como una extensión más del régimen cuando se justifica, diciendo que “apreció”, además, que el estado de excepción “obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país”. La Sala Constitucional, se señala en el comunicado publicado en la página web del TSJ, “verificó” que el decreto cumple con la Constitución, así como con “tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción”.
El texto se apoya, entre otros aspectos y según el órganos de justicia chavista, en la “consideración” de que el Parlamento, cuya mayoría está en manos de la oposición, supuestamente pretende “el desconocimiento de todos los Poderes Públicos” y promueve “la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional”.
Con su posicionamiento político, el Supremo venezolano tensa aún más la situación política y social, crítica, por la que atraviesa un país en el que la población carece de alimentos, electricidad, trabajo, dinero y medicinas. Precisamente, el Parlamento venezolano votó en contra y rechazó “por inconstitucional” este decreto y por no establecer mecanismos para atender el desabastecimiento, la inseguridad y otros problemas que afectan a los ciudadanos.