Comunidades privadas: rompiendo el monopolio estatal

El entorno comunitario es un elemento crucial para determinar nuestro grado de bienestar individual. Dice Fred Koffman que “vivir en sociedad es casi lo más egoista que se puede hacer” y no le falta razón, la cooperación social proporciona un beneficio individual inmenso. Necesitamos de una comunidad a nuestro alrededor para prosperar, esta nos permite cooperar, intercambiar o especializarnos.
En la actualidad el Estado ha expropiado muchas de las funciones que legítimamente deberían ser proporcionadas por acuerdos comunitarios voluntarios. Liberales, y muy especialmente anarquistas, deberían ser conscientes de que reducir las funciones estatales debe llevar aparejado aumentar el tamaño de la sociedad, el tamaño de la comunidad. Sólo así evitaremos caer en el error del atomismo, el creer que las funciones estatales reposarán en individuos aislados incapaces de establecer relaciones colectivas que puedan canalizar cooperativamente intereses comunes.



No se trata de destruir la mal llamada solidariedad estatal para dejar en su lugar un entorno donde cualquier imprevisto o error se paga con la indigencia, de eliminar la regulación estatal para dejar paso a un vacio de normas sociales, de substituír bienes colectivos por su provisión individualizada; no se trata en definitiva de eliminar todo aquello que proporciona el Estado, sino de que sea la comunidad libremente constituída la que proporcione dichas funciones.
Más allá de los argumentos morales que, suponiendo la ilegitimidad del Estado, puedan justificar esta postura, la existencia de comunidades no estatales tiene una importancia central desde el punto de vista del bienestar social. Como hemos dicho, el marco institucional comunitario determina en un alto grado el bienestar de sus miembros, pensemos en las diferencias entre vivir en Corea del Norte o Corea del Sur, o entre vivir en África o Europa, son principalmente sus diferenciados entornos institucionales los que provocan que las oportunidades en ambos territorios difieran espectacularmente. Por ello la mejora de los marcos institucionales es el único camino para el aumento de bienestar tanto de las comunidades más insatisfactorias, como de aquellas que aun siendo comparativamente más eficientes, tienen margen de mejora. Y en esa misión, la mejora institucional, las comunidades privadas son claramente una opción superior.
Las comunidades estatales tienen asociados problemas de difícil solución que repercuten directamente en la calidad de su provisión, estos problemas derivan principalmente de la incapacidad estatal para obtener información y de las disfunciones derivadas de mantener a los consumidores cautivos.
El problema de la información surge por la inexistencia de precios en un sector estatalizado y carente de intercambios voluntarios. Cuando las comunidades son impuestas a través del Estado y financiadas via impuestos es imposible realizar cálculos económicos, no podremos evaluar las comunidades existentes viendo su cuenta de pérdidas y ganancias, y no podremos planificar las comunidades futuras haciendo estimaciones de precios. Pero además, cuando este sector es estatalizado se impide que un ejército de empresarios se devane los sesos pensando en como obtener beneficios creando comunidades más eficientes; nunca un grupo de planificadores estatales podrán igualar el caudal creativo de millones de personas actuando empresarialmente. En definitiva, cuando el Estado es el proovedor monopolístico de comunidades se pierde información sobre precios, pérdidas y beneficios, además de miles de ideas que los empresarios no pueden aplicar por no existir mercado para ello.
El problema de la información se agrava por la existencia de consumidores cautivos. ¿Cómo saber que una comunidad es insatisfactoria si los ciudadanos están obligados a financiarla via impuestos? Si los consumidores no pueden retirar su financiación se pierde un feedback esencial. Pero la
financiación cautiva tiene otras implicaciones que van más allá de los problemas de flujo de información, dado que la financiación es independiente del valor creado por la comunidad, no existen presiones para expandir comunidades valiosas, ni para readaptar o eliminar comunidades ineficientes.
La alternativa a las comunidades estatales son las comunidades privadas, comunidades surgidas de una red de contratos voluntarios. Básicamente son comunidades creadas por promotores inmobiliarios o cooperativas de ciudadanos que compran un territorio y mediante un contrato de compra o de alquiler de las parcelas, que ofrece normas comunes a todos sus residentes, crean el marco institucional comunitario. Aquellas comunidades con marcos institucionales, servicios e infraestructuras más valiosas podrán vender o alquilar sus parcelas a mayor precio o a más residentes, obteniendo así el promotor mayores beneficios.
Las ventajas de las comunidades privadas son claras y derivan principalmente de su inserción en el marco de experimentación descentralizado del libre mercado. Si se permite a los ciudadanos descolgarse de la provisión comunitaria estatal permitiéndoles retirarle la financiación, si permite la secesión de comunidades locales de la superestructura estatal, la gente podrá votar con los pies y salirse de aquellas comunidades o superestructuras que reducen la calidad comunitaria. Cuando se permite la libertad de oferta y la libertad de demanda, la eficiencia dinámica se eleva gracias a un proceso competitivo de rivalidad empresarial. En un mercado libre cualquiera puede tener una idea e intentar aplicarla a pequeña escala, si esta triunfa obtendrá beneficios y su idea se expandirá, si fracasa obtendrá pérdidas y desaparecerá. Tanto el error como el acierto crean la base de conocimiento que permitirá la creación de las comunidades futuras. Como dice Kirzner, los indiduos aprendemos de nuestra experiencia en el mercado, y no sólo eso, aprendemos de las experiencias de los demás.
En definitiva, las comunidades privadas permiten la creación empresarial de comunidades que buscan ser atractivas para los residentes. Esto nos permite testear a pequeña escala múltiples propuestas de marcos institucionales y provisiones alternativas de infraestructuras y servicios públicos. Algunas de estas propuestas pueden ser un fracaso, pero los beneficios incentivan el acierto, las pérdidas desincentivan los errores, y las quiebras eliminan a aquellos que se equivocan recurrentemente, de todo ello aprendemos acumulando conocimiento que nos permite mejorar. Por ello, debemos estar muy atentos a fenómenos como el de las urbanizaciones privadas o a proyectos que como Seasteading o Startup Cities tienen un denominador común: romper el monopolio estatal en la provisión comunitaria.
Agustín Piñeiro Candamo