Escrito por Manuel Llamas
La producción de seguridad es, sin duda, el monopolio estatal por
excelencia que está aún vigente tras la gradual, aunque incompleta,
apertura a la libre competencia de numerosas actividades económicas que
han sido ejercidas en exclusiva por el sector público a lo largo del
siglo XX en los países desarrollados. La privatización de este servicio
tan sólo se ha producido de forma parcial y muy limitada, y siempre bajo
la estricta regulación sectorial impuesta por los poderes públicos. La
razón a tales límites estriba en que la principal característica
funcional del Estado consiste en el ejercicio monopolístico de la fuerza
sobre un territorio determinado.
