Número cero

José Buendía Hegewisch
 

México y Brasil

La indignación por la corrupción se convierte en una preocupación política para partidos y gobiernos de AL. Ya no se trata sólo de un arma arrojadiza para atacar a un adversario político. El juicio político a la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso brasileño tiene hondas repercusiones en la región por abrir la vía legislativa para deponer gobiernos electos cuando pierden la confianza política, la aprobación social y el respaldo de los mercados internacionales. La moción de censura como forma de obligar a rendir cuentas anticipadas antes de las urnas ¿una solución incierta? ¿Nueva prueba para las democracias latinoamericanas? ¿Cómo se traduce en México?



El malestar por la corrupción, en efecto, recorre Latinoamérica. Se dispara la desaprobación y cae en picada la popularidad de gobiernos señalados por malos manejos y desviación de recursos públicos, en un contexto de recortes en el crecimiento y nivel de vida ¿Se vale que un gobierno que pierde la confianza sea expulsado por el Congreso?
Cristina Fernández es investigada por cohecho y enriquecimiento ilícito en Argentina. En Guatemala el Presidente tuvo que renunciar alcanzado por la investigación de una comisión anticorrupción. Rousseff, removida por la ola de escándalos que los fiscales brasileños levantaron desde las revelaciones de la corrupción en Petrobras y su uso en sobornos a políticos que alcanzan a los legisladores que ahora la enjuician. Y en México más de 600 mil ciudadanos impulsaron la primera iniciativa para exigir al Congreso una ley anticorrupción que permita investigar y castigar el tráfico de influencias o el conflicto de interés como el que se reclama al Presidente por la adquisición de la Casa Blanca  de su familia a un contratista que se benefició de su administración en Estado de México.
La desazón es común denominador y el rechazo se acompaña de derrumbes económicos como en Brasil o de la decepción por las reformas en México. No obstante, son distintas las capacidades institucionales para procesar el conflicto y las respuestas a las crisis ¿Cuáles son algunas diferencias entre México y Brasil?
En la crisis política brasileña concurren, entre otros, dos factores importantes. Primero, las protestas que desde 2013 denuncian corrupción generalizada de toda la clase política, que es incentivada por el sistema político. La extendida práctica del soborno para comprar lealtades y apoyos en el Congreso da cuenta de ello y revela, como en el caso de Petrobras, el papel del dinero y la complicidad para mantener la gobernabilidad. Segundo, un Poder Judicial autónomo y fiscalías independientes que investigan la corrupción en los más altos niveles del poder.
En México el enojo por la corrupción se nutre de la frustración de la impunidad. Las respuestas a los casos de corrupción quedan en el vacío por falta de definiciones legales para castigar, por ejemplo, el conflicto de interés; y de fiscales autónomos y capaces de armar los casos. El marco jurídico funciona como un sistema de protección para los funcionarios y de arreglos políticos en la procuración de justicia. Eso es, precisamente, lo que pretende cambiar el SNA, junto con la creación de una fiscalía autónoma y un catálogo de sanciones para perseguir estos delitos. Pero está congelado en el Congreso y el Ejecutivo se opone a hacer obligatoria la publicidad del patrimonio de los funcionarios.
Tanto en Brasil como en México la corrupción es un mal que abarca a todos los partidos y coinciden, también, en que el sistema político incentiva la búsqueda del poder para hacer dinero. Pero en nuestro caso se ve más lejano el tiempo en que un gobierno llegue a sufrir una revocación del mandato por la vía legislativa o el voto de la ciudadanía. El balance de poder es todavía más favorable a la autoridad que a los ciudadanos.