LUIS LARRAÍN Chile: Igualdad ante la ley

La Nueva Mayoría aparentemente no está obligada, como el resto de los chilenos, a cumplir los plazos.

Todos los chilenos sabemos que al banco hay que llegar antes de las dos de la tarde. Si llegas después no entras. También sabemos que la fecha para pagar los impuestos es el 30 de abril, si te atrasas te aplican altísimas multas.
Pero la Nueva Mayoría, la coalición que nos gobierna, aparentemente no está obligada, como el resto de los chilenos, a cumplir los plazos. Un fallo reciente del Tribunal Calificador de Elecciones anuló las resoluciones del Servicio Electoral que, en tres oportunidades, rechazaron la inscripción de las listas de candidatos a elecciones primarias de la Nueva Mayoría por no cumplir con los requisitos que se exigen para dicha inscripción.
La resolución del Tricel, discutible como cualquier fallo, tiene consecuencias muy complejas. Al acoger completamente la versión de la Nueva Mayoría en el sentido que la Directora subrogante del Servel se había excedido en sus atribuciones el día 20 de abril al exigir la concurrencia de la Senadora Isabel Allende en su calidad de Presidenta del Partido Socialista, deja por completo de lado la versión del Servel.



El Servel afirmaba que el día miércoles 20 de abril la Nueva Mayoría no contaba con un acuerdo para inscribir sus candidaturas a primarias, pues cumplido el plazo legal sus dirigentes continuaban negociando los cupos en distintas comunas del país. Esta versión fue, en primera instancia, refrendada por declaraciones de la propia Allende y del Presidente del PPD Jaime Quintana, que esa misma noche ofrecieron disculpas a la ciudadanía y sus partidarios.
Esta conducta, no obstante, cambió el día siguiente, donde luego de una reunión con sus abogados los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría, sin la presencia de la Presidenta de la DC ni el Presidente del PRSD, leyeron una dura declaración responsabilizando al Servel por la no inscripción. La DC se plegó posteriormente a las acciones destinadas a revertir la decisión del Servel, no sin antes declarar que “entendemos que la principal dificultad es la falta de un acuerdo amplio y oportuno entre los partidos de gobierno para enfrentar las elecciones municipales”.
Esta última declaración es muy importante. El asunto de fondo en esta controversia, sobre el cuál aparentemente el Tricel no se pronunció, es si existía o no un acuerdo de la Nueva Mayoría dentro del plazo que la ley estipulaba para ello. La Directora (s) del Servel es categórica, pues en las actas de la entidad señala: “En torno a que dentro del plazo legal establecido, no fue requerida para formalizarlos pactos ni para recibir los documentos de las declaraciones de candidaturas de la eventual coalición de partidos, ya señalada, como tampoco se hizo entrega de instrumento alguno a funcionarios del Servicio Electoral en ese mismo contexto”.
En efecto, no se conoce públicamente ese documento, el único que podría certificar la intención de la Nueva Mayoría de inscribir oportunamente sus candidaturas a primarias.
El fallo del Tricel desconoce esta declaración de la Directora del Servel, que para estos efectos tiene el carácter de Ministro de Fe. En cambio, da la razón a la Nueva Mayoría y sus abogados que desplegaron una amplia ofensiva comunicacional. A las declaraciones de Isidro Solís, abogado cercano a la Presidenta Bachelet quien tomó la defensa de la Nueva Mayoría ante el Tricel, se agregaron las intervenciones de Fernando Atria y Javier Couso. Es decir en materia legal la Nueva Mayoría tiró toda la carne a la parrilla para intentar revertir la decisión del Servel. Y lo logró.
Pero hay dos consecuencias de este fallo que son muy complicadas. La primera es que la Nueva Mayoría ha contado con una ventaja espuria en el proceso de inscripción de candidaturas a primarias. Tuvo más de veinte días de ventaja respecto a sus adversarios. Incluso recientemente, con información actualizada, ha retirado seis de las sesenta y seis comunas en que realizarían primarias.
La segunda es que el fallo del Tricel deja muy debilitada la institucionalidad de nuestra política. Las nuevas normas sobre financiamiento de la política, de amplia discusión pública y visibilidad, dan un rol al fundamental como garante y fiscalizador del cumplimiento de nuevas normas al Servel autónomo, el mismo que ha quedado seriamente dañado con este episodio.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, en El Líbero.-