Bogotá: la ETB no es competitiva y Enrique Peñalosa debe venderla

En las empresas estatales, intereses políticos priman sobre los económicos

Vanesa Vallejo 

Poco se habla sobre los grandes beneficios que las empresas privadas le han traído al sector de las telecomunicaciones. (Marcha Patriótica)

Hace unas semanas, el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentó su Plan de Desarrollo para la ciudad. De este documento, la propuesta que más reacciones ha suscitado es la de vender el 88% de las acciones de ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) que son propiedad del distrito.
Los detractores de la iniciativa no son pocos, y no se han hecho esperar los reclamos de quienes afirman que mantener empresas estatales es bueno y necesario para mantener precios bajos. Sin embargo, de lo que poco se habla por estas fechas, es de los grandes beneficios que las empresas privadas le han traído al sector de las telecomunicaciones, y de la mala gerencia de los políticos que ha causado un importante deterioro de la situación financiera de ETB.



Quienes se oponen a dicha venta, parecen olvidar que la reducción de precios, así como la diversificación de servicios y productos en el mercado de las telecomunicaciones, han sido logros extraordinarios de la competencia y la participación de empresas privadas.
Fue la progresiva privatización y la desaparición del monopolio estatal de las telecomunicaciones lo que benefició a millones de colombianos con mejores servicios a un menor precio. En el año 2000, por ejemplo, el nivel de penetración de telefonía fija (suscriptores por cada 100 habitantes) llegaba solo a un 17% de la población colombiana. Mientras que hoy, la penetración de telefonía móvil llega al 100%. Y tal  logro no es producto de un gran Estado sino que, por el contrario, es consecuencia de un Gobierno menos intervencionista, que se fue haciendo a un lado para permitir que empresas privadas llegaran con su capital y nuevas ideas a suplir las necesidades de los consumidores.
El fenómeno de la privatización del sector de las telecomunicaciones, que en Colombia tiene inicio en los años 90, no es exclusivo de nuestro país. Los efectos de la competencia y de la desaparición de monopolios estatales en la disminución de los precios son tan evidentes que las compañías públicas de telecomunicaciones como la ETB, que antes eran regla en la mayoría de países del mundo, ahora son excepciones.
Pero a pesar de los importantes cambios y beneficios que la competencia ha traído al sector, y aun cuando en la mayoría de los países del mundo los Estados han pasado a ser simples reguladores del mercado y se han hecho a un lado, admitiendo que son los empresarios privados los que logran prestar tales servicios de manera más eficiente, en Colombia, la gente sigue creyendo que son las empresas estatales las que permiten avances y disminución en los precios.
Sumado a lo anterior, pareciera ser que muchos colombianos ignoran otro asunto fundamental: los políticos que manejan empresas no buscan maximizar el valor de la compañía en el largo plazo, como lo haría cualquier empresario, sino que actúan en pos de sus intereses burocráticos y personales.
La ETB no pasa por un buen momento, y esta es apenas la desembocadura lógica de una compañía que es manejada no por una junta de empresarios que toman decisiones basadas en aspectos económicos, sino por un grupo de funcionarios públicos que la utilizan, principalmente, como fuente de financiamiento de sus proyectos.

Evolución de la utilidad neta (Miles de millones)

Fuente: Estados financieros de ETB.

En los dos últimos años, la empresa ha dejado de tener flujos de caja positivos, sus ingresos son menores que sus gastos, tienen problemas de liquidez, y su utilidad neta es negativa. Por otro lado, la capitalización bursátil de ETB es cercana al 90% de su valor en libros. Y que la capitalización sea inferior al valor contable, da cuenta de las escasas perspectivas de crecimiento de la compañía.
Con la desaparición del monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETB tuvo que empezar a competir con otras compañías que, con tecnología de punta y economías de escala, podían ofrecer a los colombianos nuevos servicios y mejores precios.
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ha intentado resistir a la competencia con planes de inversión que no han dado los resultados esperados. Su participación en el mercado ha tenido una reducción considerable y sus resultados financieros, como se ve en la gráfica, no son buenos.
Jorge Castellanos, presidente de ETB, tiene toda la razón al afirmar que para garantizar la sostenibilidad de la empresa habría que venderla o encontrar un socio. Y es que, ¿cómo podría una empresa de tecnología mantenerse en competencia si no reinvierte sus ganancias y se concentra en aumentar su valor? La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es una importante fuente de financiamiento para los políticos, y así es muy difícil que un negocio funcione. La junta directiva, encabezada por el señor alcalde de la ciudad, no tiene como objetivo principal hacer crecer la empresa, sino sacar la mayor cantidad de dinero posible para utilizar en el distrito y aumentar la favorabilidad de su proyecto político.
El declive de ETB, similar a lo que ocurre con Ecopetrol, está relacionado con el hecho de que en las empresas estatales los intereses políticos priman sobre los económicos. Cuando no existía competencia, la ineficiencia se disimulaba por el monopolio que el Estado tenía sobre el servicio de telecomunicaciones, pero en un entorno competitivo, no puede haber otro destino más que la quiebra.
Afirmar que de venderse ETB los precios de los servicios de telecomunicaciones se incrementarían, es desconocer que fue la competencia y la participación del sector privado lo que permitió que los colombianos ahora gocemos de mejores servicios e importantes reducciones en los precios. Y contrario a lo que nos quieren hacer creer, vender ETB es evitar que la empresa desaparezca, es salvaguardar los intereses de sus trabajadores y usuarios. Quienes luchan por mantener este tipo de empresas, lo único que están haciendo es permitir que los dirigentes políticos continúen despilfarrando nuestro dinero en sus intereses políticos.