Una ley no acabará con la corrupción en México

Entre menos poder y recursos tengan la instituciones públicas, mucho menos serán los incentivos para que éstas se corrompan

Rafael Ruiz Velasco 

El 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente. (Debate Diario Digital)

La corrupción es el abuso del poder mediante la función pública para obtener algún beneficio personal. Las famosas “mordidas” a los agentes de tránsito para evadir multas, los “moches” que se tienen que entregar a políticos a cambio de que realicen alguna gestión, o la asignación de contratos gubernamentales a amigos y/o familiares de funcionarios públicos son algunos de los ejemplos más recurrentes de corrupción en México.
No es ningún secreto que la corrupción en México es un gran problema. El sector político de nuestra sociedad es el más identificado con este lamentable fenómeno pero no es el único; la corrupción degrada a nuestros gobernantes, empresarios, funcionarios, profesores, estudiantes e incluso hasta a nuestros niños y jóvenes que crecen pensando que éste tipo de prácticas son normales.
Frases como “el que no tranza no avanza” o “Dios, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, yo solito agarro” se han vuelto tristemente célebres y muy comunes de escuchar en nuestro día a día.
Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señala algunos costos de la corrupción que resultan alarmantes:

• Los países con mayores índices de corrupción presentan hasta un 5% menos de inversión extranjera en comparación a otros menos corruptos.
• Las empresas en promedio ganan 5% menos que en otros países menos corruptos.
• 14% del ingreso anual de una familia es destinado a pagos “extraoficiales”.
• Existe una correlación directa entre el nivel de corrupción que presentan los países y sus índices de violencia.

Por si aún alguien se cuestiona sobre la realidad de este problema, la percepción ciudadana no deja espacio a dudas: el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente y más de la mitad creemos que ha aumentado significativamente en los últimos dos años.
Baghwati es un reconocido economista y profesor indio-americano de la Universidad de Columbia. En su artículo “Entender bien la corrupción” hace una interesante distinción entre el tipo de corrupción de la India y el de China; en la India, cada burócrata y funcionario trata de crearse una renta o beneficio propio a cambio de otorgar licencias y permisos necesarios para el desarrollo de las empresas, mientras que en China, el funcionario corrupto se vuelve socio desde el inicio y su función es allanar el camino con el resto de funcionarios y así aumentar la rentabilidad de la empresas.
Nuestra corrupción se parece más a la de la India y, aunque todo tipo de corrupción es un cáncer indeseable, éste tipo de corrupción es la peor, ya que entorpece cada paso que las empresas productivas generadoras de riqueza y empleos requieren dar para funcionar.
Hoy el tema está en el ojo del huracán. Iniciativas como la Ley 3 de 3 están centrando la atención de medios, generando discusión ciudadana y desempolvando el lado “honesto” de cientos de políticos mexicanos.
Este tipo de iniciativas son necesarias y merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que son apenas un primer paso; concebirlas como solución conlleva el riesgo de no dimensionar el problema y por lo tanto terminar por generar y consumir placebos políticos.
Una ley anticorrupción es insuficiente por muchas razones. Algunas de ellas son:

• La creación de nuevas leyes no garantizan su cumplimiento: si el mundo funcionará de acuerdo a las leyes bastaría con emitir leyes que prohibieran los asesinatos y los robos para que estos no existieran; sin embargo suceden. ¿Qué nos hace pensar que va a suceder algo diferente con la corrupción?
• Puede ser contraproducente: la creación de nuevas instancias anticorrupción representa entre otras cosas más burocracia, más impuestos para financiar su funcionamiento y por más irónico que parezca, más riesgos de corrupción. Por ejemplo, ¿qué pasa si le ofrecen millones de pesos a un funcionario anticorrupción para que diga que un político corrupto no lo es y los acepta? ¿Habría que crear una oficina anticorrupción para auditar la oficina anticorrupción?
• No se puede ser juez y parte: resulta paradójico que el sistema corrupción se asigne al Gobierno, que pareciera ser justamente el actor más corrupto de todos. Algo está mal en este proyecto de mejora social desde su concepción, si son los mismos partidos y políticos de siempre quienes tienen que aprobar su promulgación.

Está muy bien discutir sobre el tema y es un hecho que los mexicanos estamos hartos de vivir en un sistema tan corrupto, pero no nos engañemos: la solución no es la creación de nuevas leyes. La verdadera solución está en entender que la corrupción es un hilo con dos puntas y que nosotros tenemos el poder de cortar una de las dos. No existen funcionarios corruptos sin ciudadanos corruptos.
No sobrevaloremos las leyes, éstas nunca son la solución de raíz. Si realmente queremos solucionar el problema de la corrupción, deberíamos abogar por el fortalecimiento del Estado de derecho, es decir, no crear más leyes sino simplemente hacer cumplir las que ya existen de manera equitativa, sin importar jerarquías, apellidos, favores políticos, parentescos ni compadrazgos.
La verdadera fuente y raíz de corrupción en nuestro país y Latinoamérica en general, es el gran poder que tienen las instituciones gubernamentales sobre nuestras vidas. Al esperar que el Estado nos brinde educación, salud, servicios, empleos y apoyos varios, inconscientemente estamos accediendo a ceder una parte de nuestros ingresos y libertades para que sean administrados por terceros, y es justo ahí donde radica el gran poder que tienen y en consecuencia, la gran tentación a corromperse.
Entre menos poder y recursos tengan la instituciones públicas mucho menos serán los incentivos para que estas se corrompan. Para combatir la corrupción en serio y no de manera superficial y demagógica, hace falta promover una agenda nacional que empodere al individuo otorgándole las libertades suficientes para no tener que depender de la buena voluntad o el pago “extraoficial” de servicios y favores gubernamentales para progresar. Esa es la única manera.