Inmigración (I): Escenario teórico
Por Francisco Moreno
El profesor de filosofía de la Universidad de Colorado, Michael Huemer, se pregunta si existe un derecho a inmigrar;
para ello, narra la historia hipotética del joven hambriento Starvin’
Marvin que está en una situación de precariedad. Tal vez alguien le ha
robado la comida o tal vez un desastre natural le ha arruinado su
cosecha. El caso es que su situación es muy delicada. Afortunadamente ha
trazado un plan: se dispone a viajar hacia un mercado famoso para
conseguir algo de comida a cambio de sus servicios. En un concreto lugar
del camino elegido por Marvin aparece en escena otra persona armada
llamada Sam (debido a que tiene unos cuantos sobrinos le apodaremos Tío
Sam)que le observa y que es vagamente consciente de todo lo anterior.
Por algún motivo y sin que Marvin haya agredido a nadie, Sam le
interpela y le impide el paso hacia su destino mediante el uso de la
fuerza. A resultas de ello, Starvin’ Marvin no puede mercadear por la
comida y muere por inanición.
Si el Tío Sam no hubiese interferido
coactivamente el acceso de Marvin al mercado y sus múltiples
posibilidades que allí se dan éste probablemente habría conseguido su
propósito y tal vez incluso habría acabado trabajando para alguno de los
sobrinos o sobrinas de Sam. Este escenario plantea diversas cuestiones.
¿Qué pasaría si Marvin fuese un terrorista? ¿Y si, por el contrario, se
hubiese integrado en su lugar de destino elegido sin demasiados
problemas para él y para los demás que vivían allí antes que él? ¿Podría
tal vez el mercado mantener a más personas necesitadas del exterior a
cambio de sus servicios?
Pero la pregunta más incómoda que se
hace (nos hace) el filósofo norteamericano es si Sam violó tal vez los
derechos de Marvin. La respuesta es que sí. Es más, se podría incluso
afirmar que lo mató. No se trata de que Sam se negara a prestarle ayuda o
a que le dejara simplemente morir sin socorrerle; es mucho más grave
que eso: parece evidente que Sam participó activamente en el fatal
desenlace. La analogía de este escenario con lo que sucede en realidad
con las políticas de inmigración del gobierno de los EE UU y, por
extensión, de los demás gobiernos de los países desarrollados es clara.
Las restricciones migratorias son violaciones de un derecho prima facie;
esto es, solo se justificaría su violación en determinadas
circunstancias muy especiales. Por ejemplo, serían completamente
apropiadas para situaciones de guerra o prebélicas, tanto si son
formalmente declaradas como si no.
El gobierno que prohíbe o limita más
allá de lo razonable la inmigración inicia la fuerza contra personas
extranjeras pacíficas que quieren trabajar y contra nacionales que
quieren voluntariamente asociarse con ellos. Por tanto, viola los
derechos de ambas partes. El principio de los derechos individuales
prohíbe este tipo de restricciones y tiende hacia una inmigración más
abierta o flexible que la actual.
El economista de la Universidad de George Mason, Bryan Caplan, intenta por su parte aproximarse al fenómeno de la inmigración con otra mirada diferente de la acostumbrada. Según
él, las actuales restricciones a la inmigración son, con mucho, la peor
solución de todas las posibles. El último cartucho al que habría que
recurrir dadas sus inicuas consecuencias. Sus propuestas son
interesantes alternativas al deprimente statu quo de las draconianas
políticas restrictivas a la inmigración llevadas a cabo por los
representantes de los Estados modernos, es decir, por los gobiernos y
sus agencias administrativas competentes en la materia.
Según el mencionado economista, si se
piensa errónea y prejuiciosamente que la llegada de inmigrantes va a
perjudicar seriamente a los trabajadores nacionales, en vez de cerrarles
la puerta de entrada sin más, se les podría exigir el pago de una tasa
de admisión y luego usar ese ingreso extraordinario para compensar a los
trabajadores nacionales menos cualificados. Si se cree que los
inmigrantes imponen una carga excesiva a los contribuyentes nacionales,
se les podría excluir de cualquier beneficio social costeado por
aquéllos hasta que fueran contribuyentes netos. Si se está convencido de
que representan una amenaza cierta a la cultura patria, se les podría
incluso exigir aprobar tests culturales e idiomáticos al respecto (eso
sí, como nos recuerda Caplan, habría que estar seguros que esas mismas
pruebas las pudiese pasar sin problema cualquier nacional del promedio).
Si se teme que los inmigrantes pueden acarrear serias externalidades
políticas, se les podría permitir vivir y trabajar entre nosotros pero
sin otorgarles el derecho al voto durante un periodo más o menos
prolongado en la sociedad de acogida.
Cualquier cosa, incluso medidas más o
menos intervencionistas como las descritas arriba, antes que impedir
preventiva y masivamente la entrada de personas honradas que no agreden a
nadie y sin antecedentes criminales que quieren esforzarse y trabajar
pacíficamente en sociedades prósperas.
Si se toma verdaderamente en serio la
presunción moral a favor de la libertad de migración, debemos acabar
reconociendo que toda restricción a migrar que no esté suficientemente
justificada (tanto si es a emigrar como a inmigrar) supone poner en
peligro a millones de vidas humanas de forma injusta, bien al prohibir
que huyan de escenarios amenazantes para su integridad o proyecto de
vida o bien al negar la facultad de ayudarse a sí mismos mediante
acuerdos posibles con terceros nacionales del país anfitrión deseosos de
contratar voluntariamente con ellos.
Debemos recordar que, desde el punto de
vista liberal, las fronteras de los países no deberían establecerse con
el propósito de mantener fuera a los extranjeros como sucede en la
actualidad sino con el fin de fijar los límites del área en que el
gobierno debe proteger los derechos individuales.
En próximos comentarios trataré de la
pendiente liberación de los flujos migratorios en el mundo (más
concretamente del derecho a la movilidad laboral internacional), de las
fuerzas que los impulsan, de los temores infundados de los nativistas de
todo pelaje, de los fracasos cosechados de las políticas de inmigración
en general por ser conservadoramente restrictivas, no querer reconocer
la realidad, militarizar las fronteras y crear un estado policial dentro
de las mismas. Asimismo desde otras posiciones progresistas veremos
cómo se defienden políticas erróneas en nombre del multiculturalismo
perjudicando al propio inmigrante y socavando los valores de la sociedad
de acogida. Todo ello, sin aprovecharse adecuadamente de la bendición
que supondría desde el punto de vista económico la flexibilización de
las barreras de entrada con la consiguiente llegada de numerosos
inmigrantes a un país dispuestos a trabajar y extender la necesaria
división del trabajo.
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