El impuesto sindical sobre los trabajadores

Juan Ramón Rallo estima que el costo anual impuestos por los sindicatos a los trabajadores españoles alcanza 1.200 millones de euros o 150 euros anuales por empleado.

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Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org. Juan Ramón obtuvo el tercer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.

La representación sindical es una actividad muy digna y potencialmente muy útil para los trabajadores, pero que no debería venirles impuesta por ley. Aquellos que la valoren lo suficiente y quieran costeársela deberían ser tan libres de hacerlo como de rechazarla aquellos otros que preferirían prescindir de ella y ahorrarse su coste. En España, sin embargo, es la ley la que impone a los trabajadores la existencia de más de 300.000 delegados sindicales que desempeñan cada año alrededor de 60 millones de horas de representación sindical. Tales horas son remuneradas por los empresarios como las del resto de empleados. Y dado que el coste medio por hora trabajada en España es de 20,5 euros, el coste agregado de la representación sindical supera cada año los 1.200 millones de euros.



Pese a que la mayoría de ciudadanos cree que esos 1.200 millones de euros son un gasto que se extrae de los beneficios empresariales, en realidad son una carga que soportan los trabajadores en sus nóminas. Al cabo, cuando un empresario se plantea incorporar a un nuevo empleado a su plantilla, tiene muy presente que, en las compañías con más de diez trabajadores, esa contratación lleva aparejada por ley horas de representación sindical: horas cuyo coste, en consecuencia, imputa y deduce del salario máximo que puede abonarle a cada trabajador. Puesto que unos ocho millones de empleados están trabajando en empresas con más de diez trabajadores (aquellas obligadas a sufragar horas de representación sindical), los delegados sindicales imponen una mordida media de 150 euros anuales a cada uno de esos ocho millones de empleados.
Esos 150 euros anuales por empleado constituyen un auténtico impuesto sindical sobre los trabajadores: un impuesto que debería desaparecer de inmediato, por mucho que organizaciones enteras (como Confederación Sindical de Comisiones Obreras -CCOO- y Unión General de Trabajadores -UGT-) financien su entramado burocrático gracias a ellas y por mucho que otras organizaciones incipientes (Somos) quieran apropiarse de ese pastel. Por desgracia, no parece que vayamos en la dirección de suprimir tan injustificable impuesto sindical: de hecho, Podemos ya ha prometido extenderlo a las empresas con menos de diez empleados. Siempre pensando en los más débiles.