A la cárcel

Juan E. Pardinas

 

Algo se pudrió en nuestra República. Qué le pasa a una democracia, cuando una de las promesas más frecuentes de campaña es: "Voy a meter a mi antecesor a la cárcel". No podemos esperar que un sistema político sea funcional o gobernable si el compromiso más redituable para ganar votos es una sentencia de prisión. En varios estados de la República meter al tambo al gobernador saliente ha sido un compromiso muy recurrido por los candidatos de oposición. Ante la falta de autonomía de las instituciones encargadas de procuración de justicia, la única manera concebible de armar un caso contra un ex gobernador parece la alternancia en el poder. Sin embargo, ni siquiera el cambio de partido político garantiza la persecución de los acusados por corrupción.



En Oaxaca, Gabino Cué perdonó a su antecesor Ulises Ruiz. En Puebla, Rafael Moreno Valle indultó al góber precioso Mario Marín. En Guerrero, Ángel Aguirre dejó la gubernatura pero su capacidad de negociación política lo eximió de castigos penales. A veces pareciera que la alternancia en el poder en México es una negociación de intercambio de impunidades. "Tapaos los unos a los otros". La referencia bíblica de María Amparo Casar se convierte en un sistema donde los perdones mutuos son la ficha más preciada de las componendas políticas.

Nuevo León parece una afortunada excepción a la regla. El viernes pasado Ernesto Canales, el fiscal Anticorrupción del estado, presentó lo que parece un caso sólido contra la red de corrupción encabezada por el ex gobernador Rodrigo Medina. Si la evidencia se sostiene ante los tribunales, este será un paréntesis importante en la historia moderna de nuestra impunidad. Con esta investigación, el abogado Canales se convierte en un candidato natural para ocupar el cargo de primer fiscal Anticorrupción de nuestro país. En Tabasco, en el año 2012, el triunfo de Arturo Núñez también sirvió para poner un alto a la corrupción versallesca del priista Andrés Granier. Sin embargo, por regla general la alternancia en el poder ha servido de poco para poner un alto en la corrupción rampante en las entidades del país.

La competencia electoral tampoco resulta del todo útil para que el voto se convierta en un mecanismo ciudadano de castigo a la corrupción. Con frecuencia, los electores nos enfrentamos ante el dilema de votar entre Alí Babá, Raffles o el Tigre de Santa Julia. En Veracruz, después de la docena trágica de los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, la entidad acabó convertida en una extensión del caos brutal de Tamaulipas. La oposición tenía, en apariencia, una victoria fácil con el simple ejercicio de hacer campaña contra los dos gobernadores que el PRI colocó en la gubernatura. Entonces, con la pragmática bendición del PAN y el PRD, entró a escena Miguel Ángel Yunes, un improbable embajador de la ética en el servicio público. Morena postuló a Cuitláhuac García, un candidato poco conocido, pero en un estado asfixiado por la corrupción, la falta de experiencia se transformó en un esteroide para sus posibilidades electorales. Hoy por la noche sabremos cuál será el destino de Veracruz, pero por subestimar el hartazgo colectivo por la corrupción, el PAN y el PRD han puesto en riesgo una elección que era toda suya.

A México le urge un Sistema Nacional Anticorrupción para que ni el castigo, ni el indulto de un gobernador corrupto dependan de quien gane una elección. Así los candidatos se podrían dedicar a proferir promesas más convencionales y no a repartir prematuras órdenes de aprehensión. Un régimen de derecho donde si hay castigo contra las corruptelas, las campañas serán menos agrestes y más civilizadas. Ponerle un freno a la impunidad no es emprender una cacería de brujas, ni abrir una fábrica automatizada de culpables, sino una definición básica de la justicia: darle a cada quien lo que le corresponde.