miércoles, 18 de mayo de 2016

Leyes reguladoras de la posesión de armas. por Murray Rothbard


Texto de Murray Rothbard extraído de su libro Hacia una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario. Leyes reguladoras de la posesión de armas.
En lo que respecta a la mayoría de las actividades de las que hemos hablado en este capítulo, los PPSD tienden a favorecer la libertad de comercio y actividad, mientras que los conservadores abogan por la rigurosa aplicación de las leyes y los máximos castigos a quienes las violan. Sin embargo, misteriosamente, en materia de leyes sobre posesión de armas las posiciones tienden a invertirse. Cada vez que se utiliza un arma en un crimen violento, los PPSD redoblan sus demandas de que se implanten severas restricciones, cuando no exigen la prohibición de la propiedad privada de armas, mientras que los conservadores se oponen a esas restricciones en nombre de la libertad individual.
Si, como creen los libertarios, todo individuo tiene el derecho de poseer su propia persona y su propiedad, también lo asiste el derecho de emplear la violencia para defenderse de las agresiones criminales. Sin embargo, por alguna extraña razón, los PPSD han intentado sistemáticamente privar a los inocentes de los medios necesarios para su defensa.



A pesar de que la Segunda Enmienda de la Constitución garantiza que “el derecho del pueblo a tener y portar armas no puede ser vulnerado”, el gobierno sistemáticamente ha erosionado gran parte de ese derecho. Así, en el estado de Nueva York, como en muchos otros estados, la Ley Sullivan prohibe la portación de “armas ocultas” sin una licencia otorgada por las autoridades. No sólo se ha restringido seriamente la portación de armas mediante este edicto inconstitucional, sino que la prohibición se ha hecho extensiva a casi cualquier objeto que pudiera servir como arma —incluso aquellos que sólo podrían usarse para la autodefensa—. Como consecuencia, se ha impedido a víctimas potenciales de crímenes la portación de cuchillos, tubos de gas lacrimógeno e incluso alfileres de sombrero, y la gente que ha utilizado estas armas en defensa propia contra algún ataque ha sido enjuiciada por las autoridades.
En la ciudad, esta prohibición invasiva contra las armas ocultas de hecho ha privado a las personas de cualquier posible autodefensa contra el crimen. (Es cierto que no existe ninguna prohibición oficial contra la portación de armas no ocultas, pero hace algunos años un hombre intentó probar la vigencia de la ley caminando por las calles de Nueva York con un rifle, e inmediatamente fue arrestado por “perturbar la paz”.) Además, las potenciales víctimas están tan incapacitadas para defenderse a causa de las previsiones contra la fuerza “indebida”, que el sistema legal existente concede automáticamente una enorme ventaja al criminal.
Debería ser evidente que ningún objeto físico es agresivo en sí mismo; cualquier objeto, sea un arma, un cuchillo o un palo, puede utilizarse para agredir, para defenderse o para otros numerosos propósitos no relacionados con el crimen. Es tan absurdo prohibir o restringir la compra y propiedad de armas como hacerlo con la posesión de cuchillos, palos, alfileres o piedras. De todos modos, ¿cómo se podrían prohibir todos estos objetos? Y en caso de que se pudiera, ¿cómo se aplicaría esa prohibición? En lugar de perseguir a personas inocentes que portan o poseen objetos, la ley debería preocuparse por combatir y detener a los verdaderos criminales.
Además hay otra consideración que refuerza nuestra conclusión. Si las leyes limitan o prohiben la portación de armas, es obvio que los criminales no estarán dispuestos a acatarlas. Ellos siempre serán capaces de adquirir y portar armas; los únicos que sufrirán debido a la solicitud del populismo socialdemócrata que impone estas leyes serán las personas inocentes, o sea, las potenciales víctimas.
Así como habría que legalizar las drogas, el juego y la pornografía, se debería hacer lo mismo con las armas de fuego y con cualquier otro objeto que pueda servir como arma de defensa propia.
En un notable artículo sobre el control de revólveres y pistolas (el tipo de armas que los PPSD más quieren restringir), el profesor de derecho de la Universidad de St. Louis, Don B. Kates, Jr., increpa a sus colegas PPSD por no utilizar con respecto a las armas la misma lógica que aplican para las leyes relativas a la marihuana. Así, señala que en la actualidad hay más de cincuenta millones de propietarios de revólveres y pistolas en los Estados Unidos, y que, sobre la base de las encuestas y las experiencias que se conocen, entre los dos tercios y el 80 por ciento de los estadounidenses estarían en desacuerdo con su prohibición. El resultado inevitable, como en el caso de las leyes contra el sexo y la marihuana, sería la imposición de sanciones severas, cuya aplicación sería altamente selectiva y, en consecuencia, provocaría la falta de respeto hacia la ley y hacia los organismos encargados de hacerla cumplir. Y esta aplicación selectiva de la ley sería ejercida contra aquellas personas que no agradaran a las autoridades: “La aplicación compulsiva de las leyes se hace cada vez más caprichosa, hasta que por fin sólo se las utiliza contra aquellos que desagradan a la policía. Es innecesario que se nos recuerden las odiosas tácticas de búsqueda y captura utilizadas por la policía y los agentes del gobierno para atrapar a quienes violaban esas leyes”. Kates agrega que “si esos argumentos parecen familiares, probablemente esto se deba a que son paralelos al argumento de los PPSD empleado comúnmente contra las leyes relativas a la marihuana”.
Kates analiza entonces con gran perspicacia este curioso punto débil de los PPSD: La prohibición de armas es un invento de los PPSD blancos de clase media que han olvidado la situación de los pobres y de las minorías que viven en zonas donde la policía ha renunciado al control del crimen. Esos PPSD tampoco se sintieron disgustados por las leyes contra la marihuana en la década del 50, cuando las redadas estaban limitadas a los guetos. Seguros en suburbios bien custodiados o en departamentos de alta seguridad vigilados por agentes de Pinkerton (a quienes nadie propone desarmar), los olvidadizos PPSD se burlan de la propiedad de armas diciendo que es “un anacronismo del Lejano Oeste”.
Kates destaca además el valor, empíricamente demostrado, de la autodefensa mediante el uso de pistolas; por ejemplo, en Chicago, durante los últimos cinco años, civiles armados mataron justificadamente tres veces más criminales violentos que los que mató la policía. Y, en un estudio de varios cientos de enfrentamientos violentos con criminales, Kates halló que los civiles armados eran mucho más eficaces que la policía: en actos de autodefensa capturaron, hirieron, mataron o ahuyentaron a criminales en un 75 por ciento de los enfrentamientos, mientras que la policía sólo logró una tasa de éxito del 61 por ciento. Es cierto que las personas que se resisten a un robo tienen mayor probabilidad de resultar heridas que aquellas que se mantienen pasivas. Pero Kates destaca elementos que no se toman en cuenta: 1) que la resistencia de una persona desarmada duplica el riesgo que corre en comparación con la resistencia de una persona armada, y 2) que la elección de resistir a una agresión depende de la víctima, de sus circunstancias y valores. Para un académico liberal blanco con una abultada cuenta bancaria será más importante no resultar herido que para el trabajador informal o para el beneficiario de un seguro de desempleo a quien le roban los medios para mantener a su familia durante un mes, o para el comerciante negro que no puede conseguir un seguro contra robo y no tendrá otra posibilidad que cerrar su negocio debido a los sucesivos robos.
La encuesta nacional realizada en 1975 por la organización Decisión Making Information a los propietarios de pistolas descubrió que los principales subgrupos que poseen un arma sólo para autodefensa incluyen a los negros, los grupos de menores ingresos y los ciudadanos ancianos. “Éstas son las personas —advierte elocuentemente Kates— a quienes se propone que encarcelemos porque insisten en conservar la única protección para sus familias de que disponen en áreas en las cuales la policía se ha dado por vencida.”
¿Qué nos dice la experiencia histórica? ¿Las prohibiciones del uso de revólveres y pistolas realmente redujeron de modo considerable el grado de violencia en la sociedad, tal como sostienen los PPSD? La evidencia demuestra precisamente lo contrario. Un estudio masivo realizado en la Universidad de Wisconsin en el otoño de 1975 llegó a la inequívoca conclusión de que “las leyes de control de armas no tuvieron ningún efecto individual o colectivo en la reducción de la tasa de crímenes violentos”. El estudio de Wisconsin, por ejemplo, puso a prueba la teoría de que las personas que por lo general son pacíficas sentirán la irresistible tentación de disparar sus armas si las tienen a su alcance en un acceso de ira. Al hacer una comparación en todos los estados, el estudio no halló ninguna correlación entre las tasas de propiedad de pistolas y las tasas de homicidio. Más aun, este hallazgo fue reforzado por un estudio efectuado en Harvard en 1976 acerca de la ley de Massachusetts que prevé un mínimo de un año de prisión obligatoria para cualquiera que sea descubierto en posesión de una pistola sin autorización del gobierno. En efecto, durante el año 1975, esta ley de 1974 de hecho redujo considerablemente la portación de armas de fuego y el número de ataques armados. Pero he aquí que los investigadores de Harvard descubrieron, para su sorpresa, que no existía una reducción correspondiente en cualquier otro tipo de violencia. Es decir que, como lo habían sugerido anteriores estudios criminológicos, un ciudadano enfurecido que no tiene una pistola recurrirá a un arma larga, mucho más mortífera. Privado de cualquier arma de fuego, echará mano de cuchillos, martillos, etc., igualmente letales.
Y, como resulta evidente, “si la reducción de la propiedad de armas no reduce el homicidio u otro acto violento, la prohibición del uso de pistolas es sencillamente otro modo de desviar los recursos de la policía del verdadero crimen al crimen sin víctimas”.
Por último, Kates apunta otro dato curioso: que es mucho más probable que en una sociedad en la que los ciudadanos pacíficos están armados surjan en gran número personas solidarias que acudan voluntariamente en ayuda de las víctimas de un crimen. Pero si le sacan las armas a la gente, el público tenderá a dejar la cuestión en manos de la policía, lo cual será desastroso para las víctimas. Antes de que el estado de Nueva York prohibiera el uso de pistolas, los actos de solidaridad eran mucho más frecuentes que ahora. Y, en una encuesta reciente acerca de estos actos solidarios, no menos del 81 por ciento de los que acudían en ayuda de otros eran propietarios de armas. Si deseamos una sociedad en la cual los ciudadanos ayuden a sus vecinos cuando están en peligro, no debemos despojarlos del poder real de hacer algo respecto del crimen. No cabe duda de que es absurdo desarmar a las personas pacíficas y luego, como suele suceder, acusarlas de ser “apáticas” cuando no acuden al rescate de las víctimas de un ataque criminal.