Anders Åslund
Anders Åslund is a senior fellow at the Atlantic Council in Washington, DC, and the author, most recently, of Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It.
Las perspectivas sombrías de Rusia
MOSCÚ
– Las perspectivas económicas de Rusia se ven cada vez más lúgubres. El
año pasado, el derrumbe de los precios de la energía y las sanciones
internacionales contribuyeron a una caída del 3,7% del PIB. Los salarios
reales en el país se desmoronaron aproximadamente el 10%. Este año, se
espera que esta tendencia negativa continúe. En 2016, está programado
que el gasto público en educación y atención médica caiga el 18%.
Los
intentos fortuitos del Kremlin de diversificar la economía rusa han
fracasado en su gran mayoría. La productividad laboral se mantiene
crónicamente baja y la inversión –extranjera y doméstica- se ha agotado.
Desafortunadamente, es poco probable que se produzca un giro radical.
En las condiciones actuales, es improbable que precios más altos de la
energía o el levantamiento de las sanciones vayan a ser suficientes para
revitalizar la economía moribunda del país.
En
los últimos diez años, el régimen del presidente ruso, Vladimir Putin,
ha degradado a las instituciones que son esenciales para el
funcionamiento de una economía moderna. El sistema judicial, por
ejemplo, está básicamente en ruinas. Y, por sobre todas las cosas, la
titularidad y gobernancia de activos y recursos clave están, casi en su
totalidad, en manos del estado. De hecho, en 2012, el FMI calculó que el
sector público consolidado representaba casi el 70% del PIB de Rusia.
Si bien no hay estimaciones detalladas comparables para años anteriores,
a comienzos de los años 2000, este porcentaje rondaba el 30-40%.
La
expansión del control de la economía rusa por parte del estado ha
estado impulsada por una proliferación de corporaciones estatales, cuyos
pasivos brutos hoy representan el 150% del PIB. Empresas en los
sectores de energía, infraestructura, banca y armamentos han sido
nacionalizadas. En 2014, las entidades de propiedad pública, o
controladas por el estado, representaban casi el 70% del volumen de
negocios y el 85% del empleo entre las 15 compañías principales de
Rusia. Para las 100 empresas más grandes, estos porcentajes eran del 54%
y del 68% respectivamente. El sector público consolidado hoy representa
un tercio del empleo total.
Las
grandes corporaciones estatales de Rusia están, en su mayoría,
controladas –con una considerable falta de transparencia- por
administradores nombrados personalmente por Putin. Muchas decisiones
corporativas importantes se toman durante reuniones personales entre
Putin y el CEO de una empresa. Muchas fusiones y adquisiciones requieren
de la aprobación personal del presidente.
La
falta de transparencia es generalizada. Sólo unas pocas compañías
estatales presentan cuentas y se rigen por las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIFF), y muchas tienen un gran número de
subsidiarias, que pueden diluir los beneficios a los accionistas,
ofreciendo a la vez oportunidades para que gerentes y otras partes
asociadas se enriquezcan. Russian Railways, por ejemplo, tiene más de
23.000 subsidiarias. Gazprom tiene más de 4.300.
La
falta de información detallada hace difícil que se pueda documentar
toda la cartera de activos del estado, mucho menos establecer un sistema
de supervisión viable y transparente. La agencia encargada de
administrar las propiedades del estado (Rosimushchestvo) es incapaz de actuar como un accionista controlador efectivo.
La
Rusia de Putin es cada vez más reminiscente de la Indonesia del
presidente Suharto –un sistema complejo de capitalismo favoritista sin
derechos de propiedad reales-. Muchos allegados a Putin han adquirido
grandes fortunas a través de sus conexiones con compañías estatales. Un
camino hacia el enriquecimiento es apropiarse de manera privada de los
flujos financieros de las empresas estatales. Otro es apalancarse en las
conexiones para asegurarse contratos otorgados sin licitación o comprar
activos estatales a un precio irrisorio.
El
tamaño de la economía favoritista se insinúa en los Papeles de Panamá,
pero inclusive esas revelaciones son apenas la punta del iceberg. En
2014, se calculaba que el patrimonio neto de quienes son objeto de
sanciones por parte de Estados Unidos y la UE rondaba los 17.000
millones de dólares; solamente un banco sancionado tiene activos
valuados en más de 11.000 millones de dólares.
Este
sistema conlleva costos considerables para la economía rusa: favorece
la búsqueda de rentas a expensas del crecimiento de la productividad. En
realidad, Rusia posee algunas empresas privadas eficientes, grandes y
dinámicas, pero el espacio para esas firmas se está achicando
rápidamente.
La
experiencia sugiere que grandes sectores públicos están asociados con
un crecimiento por debajo del promedio y la desinversión en el sector
privado. En verdad, con la expansión de las grandes corporaciones
estatales, muchas de ellas en manos de amigotes, la competencia ha
disminuido drásticamente en muchos sectores.
A
pesar de todo esto, el compromiso de Putin con el sistema que ha
construido es inquebrantable. Aún las medidas propuestas para elevar los
ingresos fiscales –como la privatización de las acciones minoritarias
en siete corporaciones estatales- probablemente se tomen de una manera
que favorezca a sus compinches.
Parte
de la reticencia a cambiar se debe al hecho de que Putin sigue siendo
muy popular –por ahora-. En tanto la economía continúe derrumbándose,
eso puede cambiar muy rápidamente, algo de lo cual Putin parece haberse
percatado cuando –en una aparente anticipación del problema- creó una
Guardia Nacional de 400.000 fuerzas de seguridad paramilitares y la puso
bajo el mando de quien fuera su guardaespaldas por mucho tiempo.
Dada
la dependencia del régimen de la personalización del poder, sería
difícil diseñar algún camino creíble para el cambio que preserve las
prerrogativas de Putin y sus secuaces. Abrir la economía a la
competencia y expandir el sector privado minaría el sistema de riqueza y
poder del que gozan los socios de Putin. Y es por ese motivo que los
problemas económicos de Rusia probablemente continúen.
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