La toma de poder de Santos en nombre de la paz
Por Mary Anastasia O'Grady
Hugo Chávez destruyó el pluralismo
político en Venezuela al concentrar el poder en el ejecutivo. Ahora, el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desea emular al hombre
fuerte bolivariano y le está pidiendo al Congreso facultades para
gobernar por decreto durante seis meses y un cheque en blanco para
enmendar la Constitución en formas que aún no ha detallado. Puesto que
el Partido Liberal, al que pertenece el mandatario, controla el
Congreso, se cree que lo conseguirá.
Santos quiere este poder autoritario
para cambiar unilateralmente la Constitución e incluir los términos de
un acuerdo de “paz” que ha estado negociando secretamente con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por casi cinco años.
Inicialmente, prometió un referendo sobre el acuerdo final para que los
colombianos pudieran votar punto por punto sobre sus detalles, tales
como si los delincuentes de la guerrilla podrían postularse a cargos de
elección popular. Pero hace mucho tiempo se retractó de esa promesa, así
como de muchas otras.
Santos ahora propone una simple votación
de sí o no sobre el producto final, que aún no está listo. Su gobierno
ha puesto miles de millones de pesos de los contribuyentes (millones de
dólares) en una campaña publicitaria para convencer al electorado de que
votar “no” equivale a votar por la guerra.
Santos también consiguió que el Congreso
aceptara reducir el mandato constitucional mínimo de votantes para su
plebiscito de la mitad más 1 del electorado a 13%. La semana pasada, el
Partido Liberal propuso que se le permitiera a los colombianos desde los
14 años de edad realizar un voto simbólico sobre el plebiscito. Si la
votación es estrecha, se puede suponer que Santos usará las opiniones de
niños que apenas empiezan la secundaria para comprobar la sabiduría de
su acuerdo.
Según una encuesta de Gallup realizada
durante la última semana de abril, la tasa de aprobación del presidente
es de apenas 21%. Una razón de este malestar es que su obsesión con un
pacto con las FARC lo ha hecho descuidar la economía y la seguridad
pública, pero 66% de los entrevistados también dijo que su proceso de
paz va en la dirección equivocada.
La mayoría de los colombianos quiere la
paz, pero pocos creen que los perpetradores de crímenes de guerra deban
eludir la cárcel, quedarse con sus armas y las ganancias derivadas del
narcotráfico y luego postularse a un cargo público. Santos, que en algún
momento dijo que tales exigencias de las FARC no eran negociables,
ahora asegura que no dejará que sean puntos que estropeen la aprobación
de los acuerdos.
No son los únicos ejemplos de la
duplicidad presidencial. Desde el principio parece que Santos engañó al
público porque sus intereses no coincidían con los suyos.
En agosto de 2012, cuando se supo de que
su gobierno había sostenido negociaciones con las FARC durante más de
un año, contacté al presidente para solicitar más información. En una
entrevista telefónica en septiembre de ese año, me indicó que los
rebeldes habían iniciado el proceso y que él había comenzado a negociar
sólo porque, pese a estar disminuidos, continuaban sembrando el terror.
Eso lo consigné en una columna del 17 de septiembre de 2012.
La explicación que me dio el presidente
contradice la de su hermano mayor en su libro de 2014, “Así empezó
todo”. Enrique Santos, quien tuvo un papel protagónico en la
organización del diálogo con las FARC en La Habana, señala que fue claro
desde el día de su posesión que Juan Manuel buscaba “una agenda
política y social diferente” a la de su predecesor Álvaro Uribe. Esto
incluía la “búsqueda” de un acuerdo negociado con las FARC.
Según el testimonio de Enrique Santos,
el presidente lo convirtió en “su delegado personal” y emisario debido a
que él es un “viejo periodista de izquierda que había simpatizado,
incluso con la lucha armada y conocía personalmente” a numerosos líderes
de las FARC.
Tenía que ser una misión ultra secreta
debido a que el público no quería saber de negociaciones con “grupos
terroristas que considera acorralados y casi liquidados”, escribió
Enrique. Lo que no dice es que el presidente, que había sido ministro de
Defensa de Uribe y forjó la reputación de ser de línea dura, seguro
entendió la importancia de esconder las huellas de su hermano
izquierdista.
En su relato, Enrique rechaza la
estrategia militar que Uribe utilizó para pacificar al país y ni
siquiera está seguro si la democracia es una buena idea: “Una total
victoria militar no es factible y quizás ni deseable”.
Según la versión de Enrique Santos, una
vez que los subversivos aceptaron negociar en Cuba, el gobierno de Juan
Manuel Santos las transportó sigilosamente a la isla. Esto ocurría “en
medio de una reactivación de ataques guerrilleros en distintas zonas del
país y de un hostil y polarizado clima de opinión”.
Todo era altamente clasificado, ocultado
al público “so pena de socavar la credibilidad política de un
presidente, que cada tercer día reiteraba que no habría dialogo alguno
con las FARC hasta que no den muestras de su voluntad para dejar las
armas”.
En otras palabras, el presidente Santos
planeó y mintió en tiempo real a los colombianos mientras iniciaba las
negociaciones con las FARC con la intención de expandir su legado. Ahora
está adquiriendo más poder para incluir su negociado acuerdo secreto en
la Constitución. Eso difícilmente es una receta para la paz.
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