Manuel Hinds señala que el gobierno salvadoreño ha ocultado de los diputados y del público en general informes referentes a la reforma de pensiones.
Ayer escribí un artículo en el que noté que es incomprensible la obsesión que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno tienen de aprobar la así llamada Reforma de Pensiones,
que en realidad es un intento de confiscar los ahorros de los futuros
pensionados para seguir financiando los gastos desaforados y mal
direccionados del gobierno. La obsesión es incomprensible porque es
obvio que los dos millones de salvadoreños que serían confiscados lo
notarían inmediatamente en los saldos de sus libretas de ahorro de
pensiones, que les mostrarían que el gobierno les ha arrebatado la mitad
de ellos y en la mayoría de los casos, todos. La furia de estos
ciudadanos sería incontenible e impresionante. Igual sería la furia de
los diputados que tendrían que responder al artículo 106 de la
Constitución, que dice: "Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o
en cualquier otro concepto.
Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles". Es decir, estos diputados no solo perderían la posibilidad de ser electos, sino también todas sus posesiones si la reforma pasara. Políticamente, pues, la reforma sería un desastre político para el FMLN y cualesquiera aliados que obtuviera para pasar la reforma.
En ese artículo anterior apenas mencioné que la reforma sería un desastre económico también, no solo para los futuros pensionados sino también para las cuentas fiscales, para el gobierno en general y para la ciudadanía entera. Si la propuesta reforma se ejecutara el gobierno quedaría considerablemente más endeudado, agravando el problema fiscal, mientras que los cotizantes perderían más de la mitad de sus ahorros (la mitad ahora más todo lo que hubieran cotizado en el futuro) de tal manera que muchos, que en el sistema actual recibirían mucho más que la pensión mínima, recibirían solo dicho mínimo en el sistema propuesto por el gobierno. Además, la débil institucionalidad del gobierno no evitaría que las cantidades enormes que se confiscarían fueran malgastadas. También, el hecho de que la reforma consiste en una confiscación, su aplicación generaría enormes problemas legales para los que la aprueben.
Que el gobierno siga obsesionado con la reforma es un misterio. El misterio se vuelve más espeso cuando uno se da cuenta de que la reforma es negativa, no solo se lo han dicho expertos internacionales sino también los propios expertos del gobierno. De hecho, los problemas que menciono en el párrafo anterior son sacados de un informe preparado por expertos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero (Ver El Diario de Hoy, 27 y 28 de abril y 2 de mayo, y La Prensa Gráfica, 28 de abril, todos de 2016).
Este informe es parte de muchos otros que el gobierno ha ocultado de los diputados y del público en general, elaborados algunos por técnicos locales y otros por técnicos extranjeros. Sabemos que todos ellos se han pronunciado en contra de la reforma, en el caso de los locales por el informe al que nos referimos, y en el caso de los internacionales porque todos ellos han hecho declaraciones públicas en contra. No ha habido ni uno solo de estos expertos que no haya dicho que la reforma sería un desastre para el país.
Hay dos escándalos en esto. Uno es que el gobierno y el FMLN se obstinen tanto en pasar la reforma cuando sus propios técnicos han concluido que aprobarla sería ruinoso para el gobierno, para los cotizantes de ahorros de pensiones, y para el país en general. El otro escándalo es que el gobierno ha ocultado los informes que proporcionan la evidencia de lo ruinosa que es la reforma con la que el FMLN y el gobierno están tan obsesionados.
El FMLN y el gobierno deberían hacer tres cosas. Primero, deberían de publicar todos los documentos escondidos del FMLN relacionados con las pensiones. Segundo, deberían de renunciar a seguir con la reforma. Tercero, deberían de explicar por qué, a pesar de todos los informes que hay en contra de las reformas, y a pesar de los enormes costos políticos que ellas causarían al FMLN y al gobierno mismos, se obsesionaron tanto con llevarlas adelante.
Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles". Es decir, estos diputados no solo perderían la posibilidad de ser electos, sino también todas sus posesiones si la reforma pasara. Políticamente, pues, la reforma sería un desastre político para el FMLN y cualesquiera aliados que obtuviera para pasar la reforma.
En ese artículo anterior apenas mencioné que la reforma sería un desastre económico también, no solo para los futuros pensionados sino también para las cuentas fiscales, para el gobierno en general y para la ciudadanía entera. Si la propuesta reforma se ejecutara el gobierno quedaría considerablemente más endeudado, agravando el problema fiscal, mientras que los cotizantes perderían más de la mitad de sus ahorros (la mitad ahora más todo lo que hubieran cotizado en el futuro) de tal manera que muchos, que en el sistema actual recibirían mucho más que la pensión mínima, recibirían solo dicho mínimo en el sistema propuesto por el gobierno. Además, la débil institucionalidad del gobierno no evitaría que las cantidades enormes que se confiscarían fueran malgastadas. También, el hecho de que la reforma consiste en una confiscación, su aplicación generaría enormes problemas legales para los que la aprueben.
Que el gobierno siga obsesionado con la reforma es un misterio. El misterio se vuelve más espeso cuando uno se da cuenta de que la reforma es negativa, no solo se lo han dicho expertos internacionales sino también los propios expertos del gobierno. De hecho, los problemas que menciono en el párrafo anterior son sacados de un informe preparado por expertos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero (Ver El Diario de Hoy, 27 y 28 de abril y 2 de mayo, y La Prensa Gráfica, 28 de abril, todos de 2016).
Este informe es parte de muchos otros que el gobierno ha ocultado de los diputados y del público en general, elaborados algunos por técnicos locales y otros por técnicos extranjeros. Sabemos que todos ellos se han pronunciado en contra de la reforma, en el caso de los locales por el informe al que nos referimos, y en el caso de los internacionales porque todos ellos han hecho declaraciones públicas en contra. No ha habido ni uno solo de estos expertos que no haya dicho que la reforma sería un desastre para el país.
Hay dos escándalos en esto. Uno es que el gobierno y el FMLN se obstinen tanto en pasar la reforma cuando sus propios técnicos han concluido que aprobarla sería ruinoso para el gobierno, para los cotizantes de ahorros de pensiones, y para el país en general. El otro escándalo es que el gobierno ha ocultado los informes que proporcionan la evidencia de lo ruinosa que es la reforma con la que el FMLN y el gobierno están tan obsesionados.
El FMLN y el gobierno deberían hacer tres cosas. Primero, deberían de publicar todos los documentos escondidos del FMLN relacionados con las pensiones. Segundo, deberían de renunciar a seguir con la reforma. Tercero, deberían de explicar por qué, a pesar de todos los informes que hay en contra de las reformas, y a pesar de los enormes costos políticos que ellas causarían al FMLN y al gobierno mismos, se obsesionaron tanto con llevarlas adelante.
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