domingo, 15 de mayo de 2016

Dilma: es política, no corrupción

Razones

Jorge Fernández Menéndez
 

Dilma: es política, no corrupción

La caída de Rousseff es un golpe político para deshacerse de una presidenta sin pasar por las urnas.

Dilma Rousseff cayó por una decisión política de un grupo de partidos aliados con empresarios profundamente descontentos, probablemente con razón, con su forma de ejercer el poder. La caída de Rousseff no es un golpe contra la corrupción, es un golpe político para deshacerse de una presidenta sin pasar por las urnas.
Revisando la nota de ayer de Excélsior sobre la caída de Rousseff leemos que “pese a que no enfrenta ningún cargo de enriquecimiento personal, el fiscal acusó a la mandataria de obstruir una investigación de corrupción en la estatal Petrobras, el mayor escándalo de la historia de Brasil. Rousseff encabezó el directorio de la compañía petrolera entre 2003 y 2010. Rousseff niega haber cometido delitos y afirma que es víctima de un ‘golpe’.



Pero la recesión y el escándalo de Petrobras volvieron a la mayoría de los brasileños en su contra, motivando los esfuerzos opositores para removerla del cargo. Al explicar qué salió mal, exministros, asesores y legisladores apuntan a la terquedad de Rousseff, su mal manejo económico y una tendencia a aislarse. Combinadas, esas características la llevaron a rechazar consejos que podrían haber evitado la recesión y el fin de su carrera política”. Hasta ahí la nota, impecable.
Pues bien, que un presidente rechace consejos, que sea terco, se aísle, o que la economía vaya mal y se hayan tomado malas decisiones, no son razones suficientes para derrocarlo, como se llame y del partido que sea. Estamos de acuerdo en que Rousseff ha sido una presidenta ineficaz a la que además le estalló la burbuja que se había creado durante el gobierno de Lula da Silva. Parafraseando algo que se dijo hasta el hartazgo en México en 1994-95: “sí, es verdad, la economía estaba colgando de alfileres, pero ¿por qué diablos le quitaron entonces los alfileres?”. Eso fue lo que sucedió en Brasil, Dilma quitó los alfileres con que dejó Lula colgando la economía, todo ello enmarcado, además, en un profundo, incluso inabarcable, mecanismo de corrupción, que trasciende a la Presidenta.
De Petrobras se sacaron miles de millones de dólares que hicieron fortunas empresariales y políticas, desde las empresas de Odebrecht hasta políticos de todos los partidos, del oficialismo y de la oposición que se beneficiaron abiertamente de esos recursos. Muchos de ellos estaban con Rousseff, muchos otros son los que ahora están formando gobierno con Michel Temer.
Una de las mayores paradojas de la destitución de Rousseff es que 60 por ciento de los senadores y 54 por ciento de los diputados, o sea, la enorme mayoría de los legisladores que la destituyeron, están acusados a su vez de actos de corrupción y hasta de secuestro, mientras la ahora Presidenta suspendida en su cargo, si se quiere torpe y políticamente ineficaz, no tiene acusaciones de corrupción comprobadas en su contra.
¿De qué acusan a Rousseff? De haber maquillado el presupuesto: utilizó recursos de unas partidas para ocultar números deficitarios en otras, para mostrar mejores números en negociaciones con financistas externos cuando comenzó la crisis. Es políticamente condenable, pero más de la mitad de los gobiernos de las democracias occidentales terminarían destituidos utilizando esos mismos criterios.
De los 20 presidentes elegidos en las urnas en los últimos 90 años en Brasil, sólo cinco concluyeron su mandato: Getulio Vargas se suicidó en 1954; Janio Quadros tuvo que renunciar en 1961, por presiones militares; un golpe derrocó a Joao Goulart en 1964 y no regresó el poder hasta 1983; Tancredo Neves murió en 1985. Collor de Mello tuvo que renunciar por corrupción en 1992.
Es fácil no estar de acuerdo con Rousseff, o con su programa de gobierno, pero para eso existen los sistemas democráticos, para que por la vía del voto, la ciudadanía premie o castigue el ejercicio del poder. La caída de Rousseff es una suerte de golpe de Estado, aderezado además, por un cinismo absoluto de algunos de sus acusadores. Dilma perteneció a grupos armados de resistencia a la dictadura, fue encarcelada durante años y brutalmente torturada. Uno de los senadores, Carlos Alberto Brihalte Ustra, al votar por el juicio político, le dedicó su voto al coronel que torturó en los años 60 a Rousseff, uno de los mayores violadores de derechos humanos, el torturador más famoso de la historia de su país. Fue un voto por la tortura.
Y todo esto pudo ocurrir, en buena medida, porque existe una fiscalía anticorrupción sin controles, aparentemente autónoma, pero atada a las decisiones de los partidos, que permitió que todos se acusen de todo, pero también que, simplemente, cuando los partidos opositores se vieron con mayoría en el Congreso, se pusieran de acuerdo con la fiscalía para deshacerse de la Presidenta sin tener que pasar por las urnas. Un poder de esas características es un peligro para cualquiera que gobierne en el futuro México, se apellide López, Osorio, Zavala, Meade, Nuño o Mancera, que llegará a Los Pinos con 30 por ciento de los votos y sin mayoría en el Congreso.